A punto de cumplirse 17 años de estos hechos y después de una lucha tenaz por parte de su familia reclamando justicia el Gobierno actual ha recurrido el pago por indemnización al que le condenó la Audiencia Nacional.
En contestación a los medios de comunicación sobre los motivos de la demanda, la ministra Portavoz del Gobierno María Jesús Montero manifestó que la responsabilidad del recurso era debida a "cuestiones técnicas".
Por otra parte, la actual ministra de Exteriores, Arancha González Laya ha dejado claro que la Abogacía del Estado ha recurrido el pago de la indemnización a la familia Couso porque "la sentencia del caso Couso transforma el derecho de protección consular casi en la obligación de atender cualquier petición de cualquier español que se encuentre en el extranjero. Eso abre de una manera tan extensiva el derecho de protección consular que es inasumible para el Estado".
Resulta inaceptable, en nuestra opinión, que se aproveche este execrable caso para limitar la obligación de protección a los españoles que demanden ayuda en situación de vulnerabilidad, urgencia o por incidencia al encontrarse en el extranjero, los integrantes de esta organización sabemos bien que las Oficinas Consulares de nuestro país desempeñan un trabajo necesario asistiendo en la detención, encarcelamiento, enjuiciamiento, asistencia primaria en la condena y apoyo a nuestras familias en visitas.Además resulta evidente que cualquier español puede y debe solicitar ayuda a su Consulado o Embajada, en cualquier situación de consulta o necesidad, nadie se acuerda de esas delegaciones si no tiene problemas.
No entendemos que sea reprochable este caso por ser un Gobierno progresista, pues todos los grupos políticos transforman sus buenas intenciones al acceder al gobierno en férreas disciplinas cuando ejercen el poder, sino por falta de cumplimiento de lo que se publicita desde la propia página web del ministerio de Asuntos Exteriores:
Derechos Humanos
El compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos es parte sustancial de la política exterior de España, reflejo de su importancia en el plano interno (marco legislativo, institucional y de políticas públicas), y una exigencia de la sociedad española. España es una firme convencida de la necesidad de contar con un sistema eficaz de protección y promoción multilateral de los derechos humanos. España desarrollaba ya un papel activo en el marco del Consejo de Derechos Humanos y lo seguirá haciendo ahora como miembro durante el periodo 2018-2020.
El resultado de la desaparición de la Justicia Universal en nuestro ordenamiento jurídico por parte del anterior gobierno y ahora el recurso a una medida impuesta por nuestros tribunales por el actual gobierno son un claro retroceso en nuestro sistema democrático, que después de tantos años de reclamación de justicia por una familia española ni la ampara ni la indemniza, después de una sentencia propia.
